El Informe del Estado de la Nación nos revela un año más la contradicción entre la creciente deuda ecológica costarricense (marcada por la pérdida en biocapacidad comparada con su huella ecológica) en razón del consumo propio de un modelo de desarrollo no sostenible, sobre todo de fuentes de energía no renovables. Este grave diagnóstico se ve acompañado por la confirmación de que la conflictividad ambiental y social se encuentra en su punto más alto de la historia desde que se contabiliza.
Este informe llega al momento en que se decantan las agendas de temas que las diversas propuestas electorales quieren enfatizar en medio de un ambiente en el cual el nivel y cantidad de discusión es relativamente poco. Sin embargo, hay importantes aportes que se han asomado en las últimas semanas. Entre ellos vale destacar la contribución de la Agenda Nacional, cuyo documento de “Medio Ambiente y Desarrollo” fue desarrollado por profesionales de diversas proveniencias en lo que a sus posiciones políticas tradicionales se trata. Asimismo, vale la pena destacar la iniciativa del candidato Luis Guillermo Solís, pionera en esta campaña electoral, de convocar a todas las organizaciones ambientalistas a un diálogo sobre sus propuestas en temas relacionados con la agenda ambiental. La actividad tuvo una concurrencia nutrida y el nivel de discusión fue intenso.
La Agenda Nacional presenta un formato original al adelantar trece propuestas de reforma seguidas del diagnóstico que las justificó. La primera reforma se ubica dentro del campo de políticas públicas y se centra en la creación de un Plan Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo.
Las cinco reformas que siguen se agrupan en lo que se llama una política nacional de recursos naturales. Incluyen reformas sobre el derecho al agua, política de gestión y conservación del recurso hídrico, mejoramiento de la gestión de mares, océanos y recursos pesqueros, la consolidación de un sistema nacional de conservación autosuficiente y la cuantificación del capital natural como parte de las cuentas nacionales. Las cuatro reformas que siguen contemplan una política nacional sobre cambio climático que abarca adaptación, la formalización de una meta país de reducción de gases de efecto invernadero, operacionalizar un sistema de monitoreo, reportaje y verificación de la meta país y formalizar un equipo nacional de negociación y cambio climático.
La siguiente reforma, ubicada bajo el título de una política nacional de producción y consumo sostenible, contempla una política de negocios, comercio y ambiente. Acto seguido, se agrupa bajo lo que se llama una política nacional de desarrollo urbano, dos reformas: desarrollo urbano y revitalización del Gran Área Metropolitana y la gestión de residuos a nivel comunitario. Finalmente se incluye un acápite que apunta hacia una política nacional de energía.
Participé en la elaboración del documento en mi calidad de ciudadano independiente al principio de la producción del mismo. El resultado final merece alguna reflexión que es necesaria con vista en la coyuntura electoral del país y las condiciones a las que apunta el Informe del Estado de la Nación.
Como documento de consenso, algunos temas quedaron fuera. Entre ellos, aspectos de ambientalismo social indispensables. El documento es ayuno de propuestas enfocadas hacia la mayor participación de actores en materia de políticas y controles ambientales. Asimismo, se hace omisión de mención al problema del acceso a la información ambiental que puede ser sumamente determinante e importante en materia de justicia ambiental. Ambos elementos, han sido reconocidos en Costa Rica como problemas de esencial resolución, para disminuir la conflictividad y judicialización de los conflictos ambientales, por entidades de reconocida trayectoria como la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM).
Asimismo, urgen propuestas de fortalecimiento institucional del poder judicial o de otras entidades con el fin de poder lidiar con la conflictividad misma. Costa Rica carece de suficientes medios para afrontar la conflictividad ambiental conforme lo han ilustrado conflictos como el de Crucitas, que demostró la debilidad de nuestros tribunales en poder lidiar con valoraciones de daños ambientales que requiriesen equipos interdisciplinarios. Asimismo, en otro ejemplo preocupante, el Tribunal Ambiental Administrativo es una entidad sin independencia financiera del MINAE.
También se debe resaltar el potencial redistributivo que tiene la economía ecológica del país, en temas como el estímulo de prácticas agroecológicas para pequeños y medianos productores, turismo rural comunitario y con especialización de nichos, programas de producción y extracción sostenible para pequeños pescadores, políticas de microcrédito para PYMES, estímulo del comercio justo, participación del sector social de la economía (cooperativas, asociaciones de productores, entre otros) en los negocios verdes, etc.
Propondríamos, para incorporar estos temas a la discusión electoral, que se sistematice la discusión en una estructura de seis áreas temáticas. En primer lugar, el tema del empleo y la producción es esencial componente de las agendas electorales. Sugeriría estructurar el tratamiento de este tema desde la perspectiva de reconocer los logros del país en materia de marca verde como algo irrenunciable. Así, la generación de empleos de calidad dentro de un modelo de sostenibilidad y con amplia participación social se antoja como la vía de tratamiento del tema.
Asimismo, el tema de la equidad y el medio ambiente debe incluir desde los temas de vulnerabilidad que recomienda la Agenda Nacional hasta los problemas regionales de implementar mecanismos de movilidad social en las áreas periféricas del país, donde también abundan las áreas silvestres protegidas. De esta manera se atiende el problema de la migración interna y externa desde estas áreas y se aumenta su vocación de aliados a los esfuerzos de conservación que se implementan. Hay que preocuparse por fortalecer el sistema de conservación al lado de la participación en el trabajo del SINAC y la gestión de las áreas silvestres protegidas. Este eje incluye también aspectos de justicia ambiental en las cuencas del país, donde los tugurios se encuentran en áreas de alta vulnerabilidad al cambio climático. La deuda ecológica y los impactos sociales de la huella ecológica del consumo nacional, son temas relevantes en esta área también.
Dos temas esenciales, que considero que la Agenda Nacional trata con mucha propiedad, son la energía y la infraestructura. El problema del ordenamiento urbano debe contemplar también los problemas de pobreza en las ciudades del país y el financiamiento, de corte esencialmente social, que implica la revitalización de las zonas metropolitanas en tanto requerirá del embellecimiento o reubicación de las comunidades marginales.
El último y no menos importante campo a tratar es el de participación y reforzamiento de la institucionalidad para tratar adecuadamente la conflictividad ambiental. Este tema pasa por los mecanismos de fortalecimiento del Poder Judicial, los entes de control, y el Tribunal Ambiental Administrativo. Pasa asimismo por garantizar el acceso a la información y los otros puntos referentes a la participación enumerados antes, incluyendo propuestas de elementos participativos en los procesos de planificación de políticas a corto, mediano y largo plazo.
Estructurada así, creemos que la agenda de temas en materia ambiental se convierte en un instrumento para armonizar las metas de desarrollo y equidad del país a la par de su sostenibilidad y del fortalecimiento de su imagen verde, ventaja comparativa internacional. Asimismo, se atiende con propiedad un buen porcentaje de las deficiencias en este campo sobre las que nos alertó el programa del Estado de la Nación el día de ayer. Invitamos a los candidatos a la Presidencia de la República y a los postulantes para Diputados a considerar esta perspectiva y a manifestarse en estas áreas.
Source / Fuente: elpais.cr
Author / Autor: elpais.cr
Date / Fecha: 13/11/13
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Sostenibilidad y Negocios 